jueves, 18 de diciembre de 2014

RURTUBEY ECHA LASTRE. PERO LOS DESMONTES SIGUEN



URTUBEY ECHA LASTRE. PERO LOS DESMONTES SIGUEN

QUE EL ÁRBOL NO NOS IMPIDA VER EL BOSQUE

El anuncio de JMU de derogar los decretos 2211/10 y 3136/11, como en su momento lo fue el llamado a una Mesa de Trabajo y la no autorización de nuevas recategorizaciones, no es otra cosa que el resultado de la movilización y denuncia de la situación de los bosques en Salta, ante un festival de desmonte que padecemos desde la época de Romero. Solo en el período 2011-2013 en Salta se desmontaron 213.142 hectáreas desmontadas, de las cuales 91.368 hectáreas correspondían a áreas roja y amarilla, posicionándonos como la segunda provincia que más desmonta.

La derogación de estos decretos que establecen el procedimiento para el análisis de proyectos a escala predial (Decreto 2211/10) y las generalidades para la clasificación de proyectos de uso de los bosques nativos (Decreto 3136/11)  es un primer paso para ir a conquistar la derogación del Art. 17 de la Ley Provincial Nº 7543, que es la que abre la puerta a todo proceso de recategorización, es lo mismo decir, análisis de proyectos a escala predial, ya que considera que el mapa de zonificación “es de carácter orientativo y será objeto de definición, en todos los casos, a escala predial”. Como lo señala la Auditoria General de la Nación, este artículo contempla un cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo, es decir que las recategorizaciones no signifiquen una regresión en materia ambiental.

Al respecto el Dip. Claudio Del Plá señaló “Urtubey echa lastre pero sigue manteniendo el plexo legal de fondo que permite el actual festival de desmontes. Este también debe caer. Vamos a seguir insistiendo con nuestro proyecto de Ley para que se declare la emergencia ambiental de los bosques nativos en la provincia, se derogue el Art. 17 y se respete la moratoria para que se suspenda todo desmonte al estar vencido el período del primer OTBN”. También señaló la importancia de otorgar poder de veto a las comunidades aborígenes, criollas y campesinas sobre todo cambio de uso de suelo dentro de su territorio, porque el avance de la frontera agrícola y los desmontes han significado un fuerte avasallamiento sobre el derecho al territorio que tienen estas comunidades.

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