martes, 9 de septiembre de 2014

Urtubey llega tarde. Las limitaciones insalvables de su DNU

Emergencia sobre Violencia de Género
Urtubey llega tarde. Las limitaciones insalvables de su DNU
Tuvo que haber este año una doceava víctima y varios años de Salta de encabezar el porcentaje de femicidios en el país, para que Urtubey declare esta emergencia en la provincia.
El gobernador se auto-absuelve por la no aplicación de la Ley Nacional de Violencia de Género, la 26485, con un llamado a “profundizar su aplicación”. Pero la Ley es de orden público, sin necesidad de la adhesión provincial.
Además son sus Senadores -que dominan el 90% de esa Cámara- los que hace un año se niegan a tratar una Ley Instrumental, aprobada en Diputados. Al contrario, impulsaron una suerte de “manual de violencia” que es un retroceso en toda la línea con relación a la llamada Ley “Alderete”, la 7403, y a la propia Ley Nacional como lo denunciara nuestra Senadora, Gabriela Cerrano, quien fue la única en oponerse a ese engendro reaccionario.
Se apela ahora a un Decreto de Necesidad y Urgencia que, sin embargo, tiene limitaciones insalvables para hacer frente a esta crisis.
Se establece la facultad discrecional de reasignar partidas presupuestarias para financiar las acciones del estado, pero no hay una asignación específica. El estado se obliga a la creación de “Hogares de Protección Temporal”, los que supuestamente ya existen en la órbita del Ministerio de Derechos Humanos y los que debieron existir en la Intendencia de Isa desde hace 4 años por la vigencia de una Ordenanza que jamás fue instrumentada… por falta de presupuesto(¡!).
EL DNU de Urtubey no avanza en cuestiones claves e imprescindibles para proteger a la víctima de violencia de género.
La norma debería establecer el derecho de estas mujeres al acceso un trabajo en blanco, de modo que por su dependencia económica no deba verse forzada a aceptar nuevamente al golpeador en el hogar. En caso de imposibilidad por parte de la víctima de sostener un régimen laboral, cualesquiera sean sus causas, el estado debería garantizar un subsidio equivalente a la canasta familiar.
Por otro lado, no garantiza la cobertura social para las mujeres y sus hijos, ni garantiza la vivienda digna para la víctima y su grupo familiar, en caso de no contar con una. Tampoco se habla del acceso a asistencia letrada gratuita o del acceso a planes de capacitación profesional y a programas de finalización educativa, de manera gratuita.
Por último, para que todas estas medidas sean efectivas debería crearse una “Comisión de Mujeres”, integrada por las organizaciones de género y las organizaciones de derechos humanos, actuantes en la provincia de Salta, así como también por representantes de las mujeres de los barrios y de las organizaciones sindicales, las cuales deberán ser electas en asambleas y con posibilidad de revocatoria. Esta comisión debería constituirse en la entidad de aplicación la Ley.

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