viernes, 27 de junio de 2014

Sobre el pedido de Juicio Político al Tribunal de Cuentas y a Tomás Rodríguez


Una vez más el Presidente Villada actúa como guardaespaldas de Isa
El romerista Ricardo Villada vuelve a mostrar porqué el isismo lo votó para la presidencia. Además de negarse a desenvolver la auditoría a los gastos reservados del isismo, ahora no ha llamado a la Sesión Extraordinaria que debe entender sobre el pedido, realizado por un particular, de iniciarle juicio político al Tribunal de Cuentas y al ex presidente Tomás Rodríguez por el desmanejo y descontrol de estos mismos gastos reservados.
Villada viola la ordenanza que reglamenta el juicio político, la 7.227, que establece que deberán ser los 21 concejales quienes decidirán, en Sesión Extraordinaria convocada dentro de las 48 horas de ingresado el pedido al Concejo Deliberante, si sustancian o no el enjuiciamiento. Villada, por el contrario, 160 horas después de ingresado el pedido quiere realizar una reunión entre presidentes de bloques para determinar la pertinencia del juicio político. En esta el oficialismo impone unamayoría artificial gracias a la oposición cooptadaya que el voto del presidente del PO ! (9 concejales)  vale igual que el de los presidentes del PJ (6), del PdV (2) y los monobloques SST (1) y “Salta Digna” (1). La fragmentación propia de la crisis de los partidos tradicionales, no les ha impedido unirse cuando la población reclama transparencia de cuentas: recordemos a modo de ejemplo que durante 8 semanas estos mismos presidentes trabaron en la comisión de Labor Parlamentaria nuestro pedido de auditoría, a pesar de que este ya contaba con dictamen. Así, suplantan y violan la real representación que el pueblo le dio a cada f! uerza política y que se expresa en las sesiones en donde participan y votan todos los concejales.
El Partido Obrero irá a esta reunión a exigir que se sustancie la sesión extraordinaria correspondiente. Manifestamos nuestro total apoyo a la iniciativa de juicio político porque entendemos que a través de esta medida se está poniendo sobre el tapete por enésima vez un problema denunciado desde nuestra campaña y que preocupa a la población: que estamos ante un gobierno que se niega a exhibir sus cuentas y contratos, que maniobra para evitar control o auditoría alguna y cuya discrecionalidad aumenta en la misma medida que su demagogia “aperturista”. Se tiene que abrir una investigación sobre el accionar, no de una persona en particular (eso es lo que diferencia esta instancia de la vía jurídica) sino sobre la dinámica política interna de un régimen en descomposición, cuestionado fuertemente, no sólo por el PO, sino por la población en general. El juicio político a Rodriguez y al tribunal de cuentas, implica un paso en esta perspectiva.

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