viernes, 13 de junio de 2014

LA JUSTICIA SALTEÑA CONTRIBUYE AL ENCUBRIMIENTO DE LA TRATA EN SALTA


LA JUSTICIA SALTEÑA CONTRIBUYE AL ENCUBRIMIENTO DE LA TRATA EN SALTA
La revocatoria del procesamiento por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sobre los 7 propietarios  de  los boliches Terra Nostra, Don Quijote y Rumy, detenidos desde el 15 de agosto de 2013, constituye un operativo de encubrimiento por parte de estos jueces a la mafia de trata de personas que opera en Salta.
El fundamento de la revocatoria desvincula cuidadosamente a los tratantes, al destacar que las mujeres encontradas, 37 en total, “trabajaban, estudiaban y vivían con sus familias en algunos casos”. Esta especificación no es casual, ya que la Ley Nacional de Trata Nº 26 364 determina la comisión del delito cuando se puede comprobar el abuso sobre una situación de vulnerabilidad de las víctimas. El operativo de los jueces es demostrar que no hubo vulnerabilidad y por lo tanto hay consentimiento.
Sin embargo, sólo con investigar el prontuario de los imputados se puede conocer que por ejemplo,  Elida Noemí Arias ya había sido procesada por el Juez Julio Leonardo Bavio, por infracción a la Ley 26.364, cuando siendo propietaria de Blue Sky, una joven denunció que fue obligada a prostituirse cuando se desempeñaba en esa firma, en un inmueble de calle San Luis 437, a cambio de cancelar un préstamo de $3.500 que le concedido la denunciada para edificar una pieza en un terreno fiscal, bajo amenaza de ejecución de la deuda con embargo de su única  vivienda.
La entonces concejal del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, actual senadora por la capital, denunció que en el 2013, Elida Arias volvió a abrir otro boliche, ahora con el nombre de Rumy, en el mismo lugar donde se obligaba a esta joven a prostituirse, con la autorización de la entonces secretaria de Comercio y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Cristina Fiore.  La revocatoria del procesamiento actual es sobre esta nueva locación.
Actividad legislativa
EL SENADO TRATA HOY JUEVES UNA LEY DE VIOLENCIA
La senadora Gabriela Cerrano solicitará en la sesión de hoy jueves que vuelva a comisión un proyecto  que deroga la Ley 7403 de Protección a las Victimas de Violencia Familiar, la llamada Ley Alderete, conquistada por la lucha de las organizaciones de mujeres tras el brutal asesinato de Liliana Alderete y sus hijos.
La misma determina procedimientos específicos para el tratamiento de estos casos, que crecen geométricamente en Salta, ostentando cifras récord de femicidios en el país.
Para mayor información se encontraran presentes en el Senado a partir de las 17 hs.:

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