lunes, 13 de enero de 2014

La bancarrota de la política de vivienda de Urtubey provoca los asentamientos

Parte de Prensa 
Salta, 13 de enero 2014
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Vamos por el acceso universal a la vivienda de calidad
            La bancarrota de la política de vivienda de Urtubey provoca los asentamientos


La ocupación de terrenos de Parque La Vega es consecuencia obligada de la enorme crisis habitacional a las que nos ha  llevado la política de defensa de la especulación inmobiliaria que sostiene el gobierno de Urtubey. Es también, la expresión más clara de su fracaso ante semejante problemática. Casi la totalidad de los ocupantes están inscriptos en el IPV o Tierra y Hábitat desde hace años sin respuestas. Algunos de ellos, vuelven a estos terrenos defraudados por la promesa del gobierno provincial de reubicarlos en tanto fueron parte de la toma del 2012.
Con un déficit habitacional de más de 35 mil viviendas (solo en capital) y que ronda las 50 mil en toda la provincia, el carácter irrisorio de los planes de vivienda, los loteos del gobierno y los altos costos del ingreso y las cuotas de las viviendas del IPV, es obvio que la población está obligada a buscar su propia salida al problema de la vivienda. Es que el gobierno estrecha la entrega de terrenos y viviendas para arrojar a miles de familias salteñas a manos de los especuladores inmobiliarios privados que se quedan en promedio con el 40 % del salario mensual de un trabajador en conceptos de alquileres o cuotas. Esta política sumada a los altos niveles de desocupación y trabajo en negro consagrados en la provincia  han llevado el déficit habitacional a una situación explosiva. La misma ha puesto en crisis hasta el limitado plan PROCREAR nacional, ya que por falta de terrenos accesibles, Urtubey tuvo que expropiar Pereyra Rozas y aun así este cobra más de lo que los beneficiarios pueden pagar.
Pero en vez de tomar nota de la debacle a la que conduce su política, Urtubey sigue amenazando a los sin techo con la represión y a excluirlos de los listados de entregas de lotes o viviendas, si estos no se subordinan a la interminable espera que implica la política estatal de vivienda. Ahora comete la canallada de intentar oponer a los vecinos de barrios aledaños contra los sin techos, cuando estos no se oponen a la urbanización de este predio, sino que reclaman que sea sobre la base de viviendas del IPV y con todos los servicios.
Los romeristas intentan montarse en esta crisis para fingir criticar a Urtubey, pero ambos son parte del problema. Urtubey solo ha profundizado la política de especulación inmobiliaria impuesta por Romero en su época de gobernador. La comunión de intereses es tal que Urtubey no ha movido un pelo para que los principales referentes del romerismo sean juzgados y vayan presos por constituir una asociación ilícita para  apropiarse  de millones de dinero público  con la compra y venta de terrenos para vivienda, tal como hemos denunciado a la justicia desde el PO.

Ya lo hemos planteado desde el PO en la Legislatura y el Concejo capitalino: lo que corresponde es quebrar la especulación inmobiliaria garantizando que el 40 % del suelo urbano se destine para viviendas populares; avanzar en la urbanización de todos los asentamientos que pulularon la propia desidia de los Romero y Urtubey; que se investiguen todos los negocios inmobiliarios incluidos el de La Ciénaga y que estos terrenos vuelvan al Estado para garantizar el acceso universal a la vivienda y los servicios básicos.
Que los funcionarios de Tierra y Hábitat y el IPV se presenten en el lugar y atiendan de inmediato la emergencia, además de proveer el agua y alimentos, en vez de intentar correrlos matándolos de sed y hambre.

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