miércoles, 21 de noviembre de 2012

Conferencia de prensa y marcha contra la violencia a la mujer


Parte de Prensa 
Salta, 21 de Noviembre de 2012 
Sec. De Prensa Partido Obrero 
TEL. 0387-4322247 
http://prensapo.blogspot.com  - www.po.org.ar


Conferencia de prensa Jueves 22, 10 hs Bar Los Tribunales, y movilización viernes 23, 19 hs Plaza 9 de Julio.

25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia la mujer

Los crímenes de mujeres y la violencia hacia la mujer son un delito en crecimiento en todo el país. A pesar que se creó la Ley Nacional Contra la violencia a la Mujer y las provincias también legislaron las propias, sin embargo las cifras crecen. Salta ocupa  el primer lugar en femicidios por cantidad de habitantes. Los últimos datos muestran un crecimiento: en el 2010, diez mujeres fueron asesinadas; en el 2011 veintiuna y en el 2012 ya van quince.

Esta dura realidad que afecta a las familias trabajadoras es la consecuencia social de un régimen político, tanto el de Romero como el de Urtubey ahora, caracterizado por la destrucción de las condiciones de vida más elementales de la población.

Es que el gobierno de Urtubey lejos del “cambio”, es el continuador de un régimen político opuesto a los más elementales derechos democráticos de la población, con espionaje de dirigentes políticos y estudiantiles, con una fuerza policial cartelizada por el narcotráfico y caracterizada por la tortura, el gatillo fácil y el crimen de mujeres. La justicia de Salta sigue respondiendo a los mismos intereses sociales. Es por eso que defienden los negociados del poder y mantienen la impunidad de las decenas de casos denunciados por la Comisión de Familiares contra la Impunidad.

Desde el caso emblemático de Rosana Alderete, quien fue asesinada junto a sus hijos por el ex marido, el estado ha tomado medidas para descomprimir la presión de la sociedad que exigía una respuesta. Sin embargo los resultados mostraron un retroceso y  una agudización de la violencia a la mujer.

La primera medida fue una gran alharaca, con campañas públicas llamando a las mujeres a que denuncien. Casi colapsan los tribunales pero en ningún momento se crearon más juzgados ni se nombró más personal para atender semejante demanda. Otra medida fue la sanción de la Ley provincial contra la violencia familiar en la cual el artículo más importante era la celeridad en la exclusión del golpeador. Pura declamación, hasta el día de hoy una exclusión tarda entre 6 y 8 meses. Otra medida fue la creación de los Centros de Mediación, con el propósito de “salvar a la familia”, las denuncias son derivadas por el profesional mediador, quien decide la gravedad del caso y si merece la exclusión. Con tantas vueltas ! la mujer desiste de seguir con todo el procedimiento o vuelve con el golpeador. Por eso muchas mujeres dejaron de denunciar porque saben que es totalmente inútil. Las 24.000 denuncias del 2005 bajaron a 14.000 en el 2011, pero  crecieron las cifras de mujeres asesinadas.

Los crímenes de Cintia Fernández y Mirta Llanos son una muestra de que los crímenes de mujeres van más allá de un odio de género, son víctimas de  un régimen de impunidad. Cintia fue asesinada por un policía, miembro de la División Trata de personas. Su madre denuncia que la joven murió producto de torturas  y que fue silenciada porque se entero de los crímenes de la división. Mirta Llanos tenía 29 años y fue asesinada por el esposo policía. Desde el principio se intentó montar una escena de suicidio, finalmente se descubrió que la joven murió estrangulada. Por estos casos los imputados están en libertad. Marcela Mamaní, a 8 meses de su desaparición, todavía no hay rast! ros de la joven pero el primer sospechoso, su pareja, fue puesto en alerta desde el primer momento por la Policía, dándole tiempo a preparar su coartada.

La última elección de fiscales penales propuestos por Urtubey: Buabse y Troyano, quienes fueron rechazados en todo el país por suponer; la primera, que una niña de 9 años puede ser responsable por su conducta, de incentivar el deseo sexual de un violador; o considerar, el segundo, que las violaciones y muertes de turistas en Salta son responsabilidad de las mismas por su exceso de confianza, nos anticipan lo que serán sus dictámenes en la persecución de este tipo de crímenes. El gobernador igual que hacía antes Romero, se arma su camarilla en la Justicia, para que nunca avance una causa en donde esté involucrado el estado ni vulnere los intereses de sus negocios.

Capítulo aparte merece otro gran tema de violencia a la mujer, las muertes por aborto clandestino, que sigue siendo la primera causa de muerte materna. El oficialismo K, a pesar que cuenta con la mayoría parlamentaria para aprobar el aborto legal, cierra filas con la Iglesia. Incluso en la reglamentación del aborto no punible, en Salta, Urtubey ha creado por decreto, uno de los peores protocolos, que busca impedir que las mujeres violadas accedan a esta práctica en los Hospitales públicos, bajo la seguridad y contención del estado. Ni hablar de la educación sexual en la currícula educativa estatal, que se va a dictar en las escuelas “acorde a la idiosincrasia” de la población, ya que lo deja en manos de docentes no preparados para esta tarea tan delicada, ahorrando así en gabinetes interdisciplinarios de profesionales que en cada escuela, asuma esa responsabilidad.

Hay un estado que en todo momento violenta la vida de las mujeres y sus familias, al negarle el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la justicia; al confiscarle el salario con impuestos al trabajo, al someterla a trabajos precarizados y en negro.

Los crímenes de mujeres  no pueden resolverse apenas  con capacitación en perspectiva de género  o propuestas como las del  FAP, en declarar la emergencia en violencia a la mujer. El problema no son las leyes, sino la imposición por parte de los trabajadores de medidas efectivas de protección de la mujer y sus hijos. Incluso Binner, en Santa Fe,  como gobierno de la burguesía devaluacionista sojera, es incapaz de garantizar las libertades democráticas de la población trabajadora.

Por eso la salida política a esta barbarie pasa por la izquierda, por la lucha independiente del estado, por una salida propia de los explotados.
·         Juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra las mujeres.
·         Desmantelamiento de las redes de trata y aparición con vida de las mujeres desaparecidas.
·         Trabajo en blanco, con salario igual al costo de la canasta familiar. Basta de precarización.
·         No a la mediación, exclusión del violento ya! Sostenimiento económico del estado, de la mujer golpeada.
·         Educación Sexual en las escuelas públicas y confesionales desde el nivel inicial, a cargo de equipos interdisciplinarios de profesionales y las organizaciones que luchamos por los derechos de la Mujer. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Este Jueves 22, a partir de las 10hs, las dirigentes del Plenario de Trabajadoras, del Partido Obrero y de la Comisión de Familiares contra la impunidad, ofrecerán una conferencia de prensa, en el bar Los Tribunales (Rivadavia y Mitre). En la misma anunciaran la convocatoria a una movilización para el viernes 23, que partirá desde la Plaza 9 de Julio frente a la catedral a partir de las 19hs.

PLENARIO DE TRABAJADORAS – PARTIDO OBRERO  COMISIÓN DE FAMILIARES CONTRA LA IMPUNIDAD


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