lunes, 30 de julio de 2012

Documento del PO sobre la crisis policial


Parte de Prensa 
Salta, 30 de Julio de 2012 
Sec. De Prensa Partido Obrero 
TEL. 0387-4322247 
http://prensapo.blogspot.com  - www.po.org.ar

Documento del PO sobre la crisis policial

LA VERDAD SOBRE LA DESCOMPOSICIÓN DEL APARATO POLICIAL EN SALTA
Y UN PLANTEAMIENTO DE SALIDA DESDE EL PARTIDO OBRERO

El video donde se a policías de la comisaría de Güemes torturando a dos jóvenes detenidos, ha causado una enorme repercusión en todo el país y la indignación y repudio generalizado.
Pero esto que se ve no es un hecho aislado. Es un modo de actuar sistemático de un aparato represivo que ha entrado en una descomposición sin retorno, y que goza de impunidad. Una policía que carga con brutales represiones, como la que acabó con la vida de Aníbal Verón, con miembros involucrados en robos, asesinatos y narcotráfico. Un aparato al servicio de la represión y el espionaje a los luchadores populares.
No se trata de “ovejas descarriadas” dentro de la fuerza policial, sino de un producto de la política del gobierno que es el que comanda la policía. Recordemos que apenas asumido Juan Carlos Romero como gobernador, designó en la Secretaría de seguridad a Sergio Nazario, un hombre denunciado por torturador en la Esma durante la última dictadura militar. Su sucesor, el joven Urtubey, no se ha quedado atrás. Su primer secretario de seguridad, Skaf, fue denunciado por ser un buchón de la policía federal dentro de la universidad, durante la dictadura.
Represión, apremios, torturas y gatillo fácil
Prácticamente no hay lucha en Salta, que no haya sido reprimida. Desde la lucha docente, en la Noche de las Tizas, pasando por las luchas por la vivienda y las heroicas luchas de los desocupados del norte provincial. Hasta los legisladores del Partido Obrero fueron golpeados y detenidos durante esas represiones.
La policía salteña participó del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone. Mató a Anibal Verón bajo la orden de reprimir, del entonces Juez Federal Cornejo, quien hoy es miembro de la Corte de Justicia de Salta, junto a Ferraris, el secretario de Seguridad de Romero, que mando a apalear a los docentes.
Son innumerables las denuncias contra la policía por golpear a los detenidos durante el acto de detención o en el lugar de detención o a jóvenes en plena calle o dentro y fuera de locales bailables. Quizás la comisaría del menor acumule la mayor cantidad de denuncias, por la brutalidad a la que los pibes son sometidos.
También los casos de ingresos por la fuerza a viviendas familiares a puro palo y balas de gomas, como le ocurrió a la familia Córdoba, entre tantas. En los últimos meses se han denunciado casos gravísimos, como el del joven Barrera con fractura de cráneo y que salvo su vida de milagro, o del jugados de Juventud, Ríos con quebradura expuesta de tobillo, ambos casos como consecuencia de golpizas policiales.
Los vejámenes dentro de las comisarías han sido una constante. En algunos casos terminaron con los detenidos muertos, como le ocurrió a Isaac Castillo en la comisaría segunda de Salta o a Marcelo Castillo en Mosconi. En algunos casos hasta se adjudicó a supuestos motines, la muerte de una decena de jóvenes que murieron calcinados en la comisaría de Aeroparque, o la Masacre de Navidad de la Comisaría 20, ambas de Orán.
La tortura es el método de “investigación” de la policía de Salta.
Se trata de un engranaje de la maquinaria oficial para desviar las investigaciones o inventar culpables cuando en alguna causa pueden quedar incriminados el poder político o las corporaciones vinculadas al poder. El primer detenido por el crimen de las turistas francesas, un puestero de San Lorenzo, fue torturado para que confiese el crimen, pero no lo hizo y denunció el caso. No pasó lo mismo con el joven aborigen, torturado a niveles tales, que dijo haber “matado y descuartizado” a Evangelina Pisco en Tartagal. Si el cuerpo de Evangelina no aparecía en las cloacas donde cayó por negligencia de Aguas del Norte, tal como denunciaban sus primas, ese joven estaría hoy condenado a perpetua.
El gatillo fácil no es un patrimonio de la policía federal o la bonaerense. Fabio Ramiro Llanes fue asesinado por la espalda. Sus autores fueron dos policías. El autor principal, José Benito Gil, luego de estar prófugo durante años, solo fue detenido por la intensa movilización que hubo. Sin embargo la justicia lo condeno apenas a cuatro años de prisión. El caso Llanes no es el único en la provincia.
La impunidad alimenta la asociación de la policía con el delito
Son varios los casos conocidos de poliladrones, o de la complicidad policial para liberar zonas, o del servicio penitenciario para largar gente a robar para la corona. En una de estas salidas delictivas, un preso asesinó en Mosconi a la jovencita Yanet Mesa.
Un productor de Anta fue asesinado por todo el personal de una comisaría para robarle la recaudación. Varios elementos de la policía están involucrados en asesinatos impunes que se denuncian por parte de las familias de las víctimas en las marchas que tienen lugar todos los viernes en la Plaza 9 de Julio. Un caso es el de Cintia Fernández, cuyo principal sospechoso de su asesinato es un ex integrante de la división de trata de personas, que, gozando de libertad, amenazó a la mamá de Cintia, Ana Fernández, el pasado 26 de junio, y en nombre de que está protegido por el poder y la policía.
La detención de los narco-policías fue de casualidad. Pero no era ninguna casualidad que estos policías eran nada menos que los encargados de la inteligencia policial, que no servía para espiar delincuentes, sino a cuanto luchador popular que se manifiesta en la provincia. Hay denuncias incluso de que se espiaba a los rivales políticos de Urtubey o los suyos.
Una policía privatizada y con más poder
Esta policía que describimos antes, cuenta aún con la facultad de detener por averiguación de antecedentes, según su ley orgánica. Esto le permite y le ha permitido detener a cientos de jóvenes sin motivo alguno, y que luego, en su mayoría, fueron víctimas de los más brutales vejámenes.
Desde el PJ y el Partido Renovador, hasta la centroizquierda de Libres del Sur, dejaron en manos de la policía esta facultad de detener por averiguación de antecedentes, ante el proyecto del Partido Obrero que proponía la eliminación de esta facultad, que violenta el artículo 19 de la Constitución Provincial.
Desd e el poder político se le ha ido dando mayor poder a la policía. Primero con la ley de contravenciones, cuya autoridad máxima es el jefe de policía, y que ha servido de instrumento para la represión y las detenciones arbitrarias. Luego le dieron, también por ley, el control de la venta de alcohol y la facultad de cobrar multas y clausurar locales. Desde el Partido Obrero señalamos esto como una fuente de recaudación y mayor poder para la policía. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Godoy, nos decía que la policía de Salta no era la bonaerense. Los acontecimientos se han encargado de demostrar lo contrario.
Al día de hoy tenemos a una policía privatizada a través del servicio de adicionales. Esto permite a los oficiales una especie de plus salarial, pero también es una fuente de negocios para la autoridad policial. Los adicionales se hacen al servicio de empresas privadas, en espectáculos o partidos de futbol, pero principalmente en los locales nocturnos o boliches. Para no comprometer al patrón y perder su “plus salarial”, policías de adicional han dejado morir a Maxi Zapana y a Héctor Corregidor en las puertas mismas de boliches, luego de que fueran atacados por terceras personas.
El fracaso de las reformas: el sistema no se cura en salud
Como consecuencia de tantas denuncias, el gobierno de Romero armó la alcaldía para alojar a los detenidos y la puso en manos del servicio penitenciario. También se creó un Juez de detenidos y garantías. Y el fiscal de causas policiales para recibir denuncias e impulsar estas causas.
Ya con Urtubey, la terrible comisaría del menor fue puesta bajo la órbita del servicio penitenciario en nombre de que esa fuerza sabe tratar a los detenidos.
Recientemente se aprobó un proyecto de ley para formar una comisión contra la tortura. Según su autor, el kirchnerista Pablo Viel, era solo una cuestión de prevención, pues no le constaba que haya torturas en Salta. Pero esa comisión va a estar integrada casi totalmente por funcionarios y diputados oficialistas.
Ahora la legislatura se apresta a reformar la ley orgánica de la policía, para darle solo un barniz democrático agregando las palabras “respeto” y derechos humanos. Pero la ley faculta a impedir reuniones públicas que “alteren” el orden, lo que para ellos puede ser una protesta. Además mantiene la detención por averiguación de antecedentes (sin causa), le agrega la facultad de controlar el transito, lo que ya provocó nuevos atropellos. También legaliza los adicionales, es decir su privatización.
Todas estas falsas salidas propuestas, o las que se discuten actualmente, han sido ya desmentidas por la realidad. Solo en los dos primeros años de gobierno se realizaron 400 denuncias por apremios de la policía….a la fecha hay solo dos condenados.
Pero el problema en realidad, es que tanto para Romero, como para Urtubey, la función principal de la policía es la represión a los que luchan, y la impunidad por todos los casos que mencionamos en este texto, es la contraparte por la realización de esa tarea represiva.
Nuestro programa
Desde siempre, y más aún desde que el Partido Obrero llegó a la legislatura, hemos denunciado todos y cada uno de estos atropellos. Hemos advertido las consecuencias del reforzamiento del poder policial y hemos rechazado todas las leyes que van en ese sentido. Hemos acompañado cada denuncia y cada una de las luchas contra la impunidad, como lo hacemos hoy junto a la Comisión de Familiares contra la impunidad.
Nos empeñamos hoy para que haya condena para los responsables políticos y materiales de las torturas en General Güemes y que este caso sea el principio del fin de la impunidad en Salta. Hemos rechazado la intención del ejecutivo de ser parte querellante ya que el lugar del ejecutivo es el banquillo de los acusados. Impulsamos al contrario que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de la cual nuestro compañero Del Pla es vicepresidente, sea parte querellante para impulsar hasta el final el proceso judicial.
Hay que producir una enorme movilización popular, como lo hicieron los pueblos de Catamarca o Santiago del Estero, con el crimen de María Soledad y los de la Dársena , respectivamente, para acabar con la podredumbre de un régimen político que garantiza la impunidad. Llamamos a reforzar la movilización que todos los viernes realiza la Comisión de Familiares contra la Impunidad , a partir de las 19 en la Plaza 9 de Julio.
Hay que desmantelar el aparato represivo de manera urgente.
Pero esta no es tarea que vaya a hacer el gobierno que sostiene la impunidad y la corrupción policial. Debe constituirse una comisión investigadora independiente con los organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y organizaciones populares para establecer las responsabilidades en todos los niveles y castigar a los culpables .Hay que desmantelar este aparato represivo y crear un sistema de seguridad ciudadana con integrantes reclutados por los organismos de Derechos Humanos que funcione bajo en control de la población. Lo demás será nuevamente tirar la tierra bajo la alfombra.
PARTIDO OBRERO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Los comentarios que solo sean para agredir a cualquier compañero seran borrados a la brevedad.