jueves, 29 de noviembre de 2007

Capital Federal:

Que se aplique el fallo de la Corte a todos los jubilados

IMPULSEMOS MOVILIZACIONES Y RECLAMEMOS UNA MOVILIZACIÓN NACIONAL

La Corte Suprema zanjó una deuda política rayana con la complicidad. Dejó pasar un año sin definir el caso Badaro, en el cual había reconocido la movilidad de las jubilaciones pero dejando al gobierno y al Congreso la modalidad de su implementación. Ahora fijó expresamente, por unanimidad, que las jubilaciones deben ajustarse por el índice salarial y declaró la inconstitucionalidad de la ley de solidaridad provisional, de Cavallo y Menem, que reemplazaba el ajuste por un monto arbitrario que debía establecer el Congreso. Pero el fallo no resuelve la situación de un millón de jubilados afectados, ya que sólo tiene validez para el caso en disputa.
El gobierno ya ha dicho que se atendrá a lo que resulte de cada juicio, o sea que no generalizará lo decidido por la Corte. Asegura que no tiene el dinero para eso ni para pagar la deuda acumulada como consecuencia de varios años de incumplimiento. Sin embargo, el Anses tiene un superávit de 22.000 millones de pesos, que el gobierno reserva para: a) comprar títulos públicos para pagar la deuda que vence; b) acumular un fondo para sustituir al Banco Central en la compra de dólares del superávit comercial (para evitar, dice, la emisión de moneda o la acumulación de deuda de ese banco). En definitiva, el gobierno reconoce que ha establecido un régimen de confiscación de los aportes jubilatorios.
Los perjudicados por el atropello oficial contra lo resuelto por la Corte pone de manifiesto los límites que tiene auto-impuesto el llamado 'estado de derecho': cuando favorece el reclamo de un trabajador, no lo extiende, con fuerza ejecutoria, a todos los que se encuentran en la misma situación. Es otra manifestación del principio de la división de poderes: cada uno atiende su juego, mientras el Estado, en su conjunto, esquilma al ciudadano o al trabajador. El gobierno cuenta para llevar adelante su atropello con otro factor: que los involucrados por el fallo se encuentran en la franja de jubilados de mayor edad, lo que dificulta su movilización. Los límites del estado de derecho son acompañados de una gota de perfidia. Nada de esto podría tener lugar, sin embargo, sin la complicidad de las organizaciones sindicales, en cuyos estatutos figura la defensa de sus jubilados. ¿Resistirían Kirchner o el Congreso una movilización conjunta de la CGT y de la CTA con la única reivindicación de hacer valer el fallo de la Corte sin la necesidad de nuevos juicios? La ex primera dama, de todos modos, se despidió el miércoles del Senado con una viva defensa de su actuación en defensa de un poder judicial independiente.
La cuestión jubilatoria es, con todo, más amplia, porque no rige ni la movilidad ni el 82% para los trabajadores que deben jubilarse. El salario que se le reconoce al momento del cese laboral es un promedio de los últimos diez años sin ajuste por inflación. El fallo de la Corte debería ser esgrimido para reclamar el ajuste del salario final y la vigencia de la movilidad. Todo un programa.


PARTIDO OBRERO

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